El polémico perdón judicial otorgado al pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, por la Corte de Apelación de Puerto Plata ha desatado una ola de indignación y fuertes cuestionamientos en los sectores jurídicos del país. El reconocido abogado penalista Félix Portes alzó su voz de manera contundente, calificando la polémica sentencia como un acto de “impunidad con sello judicial” que envía un mensaje nefasto a la sociedad dominicana.
Portes arremetió contra la decisión de los magistrados, cuestionando de manera enérgica cómo un imputado que fue formalmente declarado culpable de abuso sexual y psicológico en perjuicio de una menor de edad terminó recibiendo un perdón judicial que lo deja con cero prisión.
El origen del chantaje: “La extorsión nace del crimen”
Uno de los puntos más debatidos de la sentencia de apelación fue la consideración del tribunal hacia el campocorto, al que trataron prácticamente como una “víctima colateral” debido a las acciones de chantaje orquestadas por la madre de la menor involucrada.
Ante este argumento, Portes realizó una profunda y sólida reflexión jurídica que desmonta la lógica del fallo:
“El tribunal lo trató como ‘víctima colateral’ porque la madre de la menor lo extorsionó. Pero hay algo que no resiste el análisis más básico: la extorsión surge y nace del crimen. Sin crimen, no hay espacio para chantaje. El abuso ya estaba consumado antes de la extorsión”, sentenció el jurista, aclarando que la justicia debe juzgar el hecho principal y no los acontecimientos económicos o chantajes posteriores.
Un peligroso precedente para la justicia dominicana
El penalista advirtió sobre las graves consecuencias y el vacío legal que podría generar esta decisión en el sistema penal si se llega a tomar como un precedente vinculante para futuros casos en los tribunales del país.
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La advertencia: Portes recordó que existen miles de reclusos en las cárceles dominicanas cumpliendo condenas por delitos donde, con posterioridad al hecho, fueron extorsionados, chantajeados o incluso “perdonados” mediante un desistimiento firmado por las partes. “¿A todos hay que liberarlos también?”, cuestionó de forma retórica.
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La única excepción válida: El jurista precisó que la única justificación razonable para aplicar un perdón judicial en un escenario de esta naturaleza habría sido un engaño previo: por ejemplo, que la menor de edad hubiera falsificado su cédula o lo hubiera engañado sobre su edad antes de consumarse el hecho, algo que no ocurrió en el expediente de Franco.
“Sin eso, esto no es justicia. Es impunidad con sello judicial y el mensaje queda claro: si tienes dinero y fama, no hay consecuencias”, concluyó de manera tajante el abogado.
El caso, que ya se encuentra en fase de apelación por parte de las autoridades judiciales, promete seguir escalando en las altas esferas de los tribunales del país, mientras la opinión pública dominicana mantiene la lupa puesta sobre la balanza de la justicia.