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LaLiga ha dado un nuevo paso en el conflicto legal con el FC Barcelona al presentar un recurso ante la justicia ordinaria contra la resolución del Consejo Superior de Deportes (CSD), que otorgó una medida cautelar permitiendo la reinscripción de Dani Olmo y Pau Víctor como jugadores del club blaugrana. Esta decisión había sido tomada sin previo trámite de alegaciones a la patronal y a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), lo que ha desatado un intenso debate en el fútbol español.

Los argumentos en disputa

El CSD justificó su decisión con base en dos factores clave:

  1. Riesgos de perjuicios irreparables: Argumentó que no conceder la medida cautelar podría causar daños económicos y deportivos graves tanto al Barcelona como a los jugadores, además de potencialmente perjudicar a la selección española y a las competiciones nacionales.
  2. Indicios de nulidad de pleno derecho: Según el organismo, la normativa utilizada para denegar las licencias podría contener vicios legales, lo que habría motivado la concesión temporal de la cautelar.

Sin embargo, LaLiga ha rechazado esta postura, señalando que la comisión de seguimiento del convenio RFEF-LaLiga actuó dentro del marco legal establecido, denegando las licencias por incumplimiento del ‘fair play’ financiero.

El origen del problema

El FC Barcelona enfrentó problemas para cumplir con los requisitos de LaLiga debido a la falta de acreditación de un ingreso clave: los 100 millones de euros por la cesión de los palcos VIP del nuevo Spotify Camp Nou. Este ingreso era fundamental para operar bajo la regla 1:1 del control económico y permitir la reinscripción de los jugadores.

A pesar de presentar documentación posteriormente, LaLiga mantuvo su negativa. El Barcelona también solicitó nuevas licencias a la RFEF bajo alegatos de “fuerza mayor”, pero estas solicitudes fueron rechazadas.

Reacciones de otros clubes

El conflicto no solo involucra a LaLiga y el Barcelona. Clubes como el Athletic Club, Atlético de Madrid, Las Palmas, Valladolid, Espanyol y Valencia han criticado abiertamente la decisión del CSD, argumentando que la medida cautelar altera la equidad de la competición.

Plazo para una resolución definitiva

El CSD tiene hasta el 7 de abril para emitir un fallo definitivo sobre el recurso del Barcelona. Mientras tanto, el caso sigue escalando con implicaciones tanto legales como deportivas.

Impacto en el fútbol español

Este conflicto pone en evidencia las tensiones entre los diferentes organismos del fútbol español y plantea preguntas sobre la gestión del ‘fair play’ financiero. Además, refleja el creciente peso de las decisiones económicas en el desarrollo de las competiciones deportivas.

¿Logrará LaLiga revertir la medida cautelar? ¿O será el CSD quien termine imponiendo su criterio? La resolución de este caso podría sentar un precedente importante para futuros conflictos similares.